EN ETA NO HAY NADA DE “POLITICO”

Un compañero de UPyD, David Andina, http://candidato18.blogspot.com/

le ha llamado la atención a la mismísima BBC, por calificar al terrorista López Peña, “líder político de ETA”.

 

  La noticia se titulaba “Eta ‘political leader’ arrested” (“Arrestado líder político de ETA”) y de manera destacada continuaba así: “The suspected political leader of the Basque separatist movement, Eta, has been arrested in a joint Spanish-French operation, Spanish authorities said”; es decir, que la ‘prestigiosa’ BBC calificaba al sanguinario terrorista López Peña de “líder político del movimiento separatista vasco”

 

El calificativo utilizado por la BBC, para referirse a este terrorista es desafortunada y un insulto para todas las victimas del terrorismo. Pero hemos de buscar una explicación a semejante disparate.

 

¿Por qué se utiliza el término “político” al referirse a la organización de ETA?

 

En esta sociedad de la información donde el “copiar y pegar” se utiliza como una forma transmitir noticias de un lugar a otro,  el término “político” que también se utiliza en España para referirse a una fracción de la ETA, término utilizado por los medios de comunicación, con expresiones como “ jefe político de la banda terrorista”, ´”aparato Político de ETA”,  o por mismo  ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba que en su declaraciones ante la prensa asegura que «’Thierry’ era la persona con más peso político y militar de ETA», debe desaparecer cuando se habla de ETA.

Es un error y lleva a bastante confusión para los que están fuera de nuestro país y ven el problema desde lejos.

ETA no tiene ningún componente político, solo es una banda de terroristas, de asesinos, organizados para matar, algunos mas sangrientos que otros, algunos que mandan mas que otros, pero en todo ello no hay nada de “político”.  Solo son terroristas.

Propongo que,  para  que el mensaje sea muy claro para todos los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros,  no se vuelva a citar el término político, cuando se hable de ETA.

Acoso a profesores en dos colegios de la comarca del Guadalentín

El pasado 8 de Mayo, UPyD presentó en el congreso de los Diputados una proposición de LEY ORGÁNICA de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa

 

En la mencionada PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA se trata de incorporar a la L.O.E  un artículo en el cual se  reconozca “la condición de autoridad pública a los profesores de los centros educativos públicos y privados, sean o no concertados, en el ejercicio de la función pública educativa”. Esta iniciativa responde a una necesidad real que tiene nuestro sistema educativo, la de imponer un régimen disciplinario más eficaz  para combatir los casos de persecución y acoso al que están siendo sometidos equipos directivos y docentes. 

 

Nuestra Región de Murcia  no se escapa a  este tipo de sucesos. Los últimos casos conocidos y denunciados por representantes sindicales de la enseñanza, se han producido en el Comarca del Guadalentín, en el  Colegio de educación infantil y primaria, La Cañadita, de Mazarrón y en el Colegio de educación infantil y primaria San Cristóbal de Lorca, donde determinados padres y madres de algunos alumnos han amenazado y acosado de forma continuada al equipo directivo y al profesorado. Los profesores de los mencionados centros educativos se sienten desprotegidos y han solicitado a los respectivos Ayuntamientos que se le garantice las condiciones mínimas de seguridad tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida cotidiana fuera del centro.

Estos hechos han sido denunciados antes el Fiscal Jefe, la Fiscalía de Menores, así como a las alcaldías de los respectivos ayuntamientos y a la Consejería de Educación.

 

UPyD, con su proposición,  pretende crear herramientas suficientes para que todos los agentes del sistema educativo, con el respaldo legal suficiente, trabajen desde la prevención y no desde el control y el castigo, para erradicar la violencia en los centros educativos.

 

REGENERACION DEMOCRATICA

En nuestra región, se van conociendo casi a diario nuevos detalles de los supuestos casos de corrupción, donde algún diputado regional, varios  alcaldes y concejales están supuestamente implicados, casi todos relacionados con el urbanismo. Sin embargo todos mantienen sus cargos y siguen cobrando del contribuyente que han  supuestamente estafado.

 

¿Me pregunto si en este sistema de listas cerradas de los partidos y de sufragio indirecto los cargos son de las personas (candidatos de las listas) o de los partidos que se presentan con listas cerradas?

La respuesta no es fácil, pero podemos señalar que el votante no elige a la persona, al candidato sino que vota a un partido con el sistema de sufragio actual. Entiendo que sería de pura lógica que los cargos fuesen de los partidos. Un alcalde electo, no es fruto de un sufragio directo, sino que la lista mas votada, tendrá mas concejales y estos son los que eligen al alcalde.

 

Cuando en un ayuntamiento se dé un caso de corrupción, los partidos con listas cerradas debería tener la potestad de retirarle el cargo al presunto político corrupto y entregárselo a otro candidato de su lista.  Se evitaría situaciones en las que  políticos acusados de corrupción y expulsados de su propio partido sigan desempeñado su cargo político que en ningún momento los votantes le  asignaron directamente.

El mismo caso ocurre para un diputado o senador. Un diputado regional debería entregar su acta de diputado obligatoriamente a su partido ya que este tampoco fue elegido directamente en listas abiertas.

 

 

Nuestro partido, UPyD propone una serie de medidas para que se produzca una regeneración democrática, entre las cuales quiero citar dos:

 

• La elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana
• La implantación de sistemas electorales de listas abiertas y/o desbloqueadas que refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las burocracias de los partidos.

 

 Estas dos medidas reforzarían la democracia, y los ciudadanos podrían exigir a los diferentes políticos electos responsabilidades de todo tipo, no solo políticas sino también jurídicas. Pero para llevar a cabo esta democratización de la vida política habría que abordar un nuevo  asunto. Me refiero a la inmunidad  parlamentaria.  Por ejemplo un diputado de la Asamblea Regional goza de inmunidad,  solo la Asamblea Regional puede retirarle ese privilegio a petición del Tribuna Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Esa inmunidad general hay que limitarla a las actuaciones de carácter exclusivamente político, perdiendo ese privilegio, por tanto, si el parlamentario comete un delito común. En esos casos, el Tribunal Supremo no tendría obligación de pedir permiso para procesarle,  bastaría con que trasladase a la Asamblea una exposición de los motivos de su actuación.

La democracia no puede  permitir unos privilegios de unos ciudadanos sobre otros.

 ¿Por qué los políticos son ciudadanos, no?

Condena más firme y rotunda ante el cobarde y vil atentado cometido hoy por ETA

                    

ATASCO DE PAPELES EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

No quiero ser pesimista, pero nuestro país se ha convertido en un referente de lo que no hay que hacer. Los Tribunales de  Justicia en España acumulan papeles, como si se tratase de almacenes.

 

Hay que destacar que la Justicia da ciertos signos de desorganización debido a una saturación  de trabajo en los tribunales que tiene como consecuencia una inquietante falta de ejecución de las penas impuestas. Los jueces se hunden, por no decir se ahogan, bajo los expedientes. Se ha denunciado que mas de 270 000 juicios de los tribunales penales (delitos castigados con penas de cinco años de encarcelamiento o más) estaban en espera de ejecución a finales de 2007,  según ha revelado el Consejo General del Poder General, organismo que  ha  llevado a cabo una inspección de todos los tribunales a raíz de ” el asunto Marido Luz”. Si se añade a eso, los juicios asignados a otros tribunales (de lo Civil y de lo Social, de lo Contencioso Administrativo) podemos denunciar que más de 400 000 decisiones judiciales están a la espera de ser ejecutadas

 

Los motivos de este atasco judicial son varios y también conocidos por todos los responsables del poder político, legislativo y judicial.

·        Descoordinación: los tribunales españoles no están conectados a una red informática única. El descuido de las autoridades y la transferencia de competencia de la justicia a ciertas comunidades autónomas contribuyen a que un tribunal de Murcia, por ejemplo, no tenga información sobre un juicio ocurrido en un tribunal ubicado Sevilla o de una instrucción judicial llevada a cabo en Huelva.

·        Los medios puestos a disposición de las jurisdicciones penales son insuficientes.

·        El personal de los tribunales, en una proporción fuerte, se componen de interinos que tienen contratos temporales, no posibilitando una continuidad en el trabajo realizado.

·        Leyes aprobadas recientemente han  aumentado la carga de trabajo de los jueces, ya que para el cumplimento de las nuevas leyes y la ejecución de las penas impuestas, no se ha asignado mas medios para hacer frente a ello. Como ejemplo podemos citar la puesta en marcha de los denominados “juicios rápidos” en el año 2003. Su aplicación conllevó una avalancha de nuevas condenas que de las cuales muchas  aun no se han ejecutado.

·        Es también el caso de la  Ley Integral contra la Violencia de Género, tachada de ineficaz,  parte de la ineficacia de esta Ley se debe a la falta de medios de la que se ha dotado para poder tomar decisiones judiciales que protejan aquellas mujeres que han sido victimas de malos tratos por parte de su pareja. Los tribunales ordinarios están inundados de expedientes pendientes, y muchos jueces tiemblan cuando se produce una nueva victima por si forma parte su denuncia del atasco judicial.

·        La politización de la justicia española no hace nada para arreglar las cosas. Desde diciembre de 2006, la renovación del CGPJ está paralizada porque ningún acuerdo ha sido posible entre socialistas y conservadores.

 

 

Para solucionar una problema, el primera paso consiste en reconocer que existe y asumirlo como tal. Sin embargo el ministro de Justicia, el Señor Bermejo sigue negando que en España la Justicia esté atascada. Es la suspensión del estado de derecho. Es muy grave.

Decreto Vivienda libre por VPO

Ya sabemos que durante los últimos años los políticos de cualquier partido y que han ocupado algún cargo, alcalde, consejero, presidente de Comunidad Autónoma, Ministro  o Presidente de Gobierno, ha dejado que el acceso a una vivienda digna se convierta en un imposible. Todos estaban del lado del sector de la construcción, con el beneplácito de la Banca. Los especuladores han hecho su agosto durante varios años, acumulando fortuna a costa del fuerte endeudamiento de muchos españoles que querían comprar una vivienda. Nada se hizo para la especulación inmobiliaria, nada para desarrollar una política en materia de vivienda que favoreciera la adquisición de una de ellas. Los gobernantes se pasaban la pelota de uno a otro, recurriendo a la falta de atribuciones competenciales. Pero todos consentían que la especulación crearan una burbuja inmobiliaria de tamaño enorme.

 

 

La VPO (vivienda de protección oficial) como prueba

 

Un informe reciente encargado por  “La Caixa”, concluía así:

 

  “España es el país de la Unión Europea (UE) con un menor número de viviendas de protección oficial (VPO).

 Sólo el 2% del parque de viviendas en España se han construido bajo el régimen de protección oficial, frente al 35% de Holanda, el 21% del Reino Unido, el 22% de Suecia y el 17% de Francia”

 

 

La Región de Murcia como confirmación.

 

Durante muchos años en la Región de Murcia, se ha construido muchas viviendas pero muy pocas de VPO porque no le interesaba a los constructores. Las VPO tienen precios regulados y mas ajustados al mercado, pero el sector no le interesaba  construir este tipo de vivienda,  los beneficios muy “escasos” si se comparaban con los obtenidos construyendo vivienda libre.

Ya en el 2003, la Región de Murcia era la quinta comunidad autónoma con menor porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de las edificadas. El porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de iniciadas en la Región rondaba el 6 por ciento. Es decir que de 100 viviendas construidas solo 6 eran de protección oficial.

 

Los murcianos con menor poder adquisitivo, esencialmente los jóvenes no podían comprar una vivienda, no porque no hubiese suelo sino porque solo se construía vivienda libre, con el permiso de los diferentes estamentos políticos y financieros. A nadie le importaba el derecho a tener una vivienda digna. Todos hacían vista gorda.

 

Pero la situación ha cambiado, ya no se vende tanto, los especuladores no ganan dinero, los promotores y constructores tienen muchas viviendas sin vender, la demanda se ha parado, los bancos casi no dan préstamos a los promotores y los requisitos de financiación para los compradores se han endurecido.

 

 

Ante tal situación, el Gobierno de la  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que durante tanto años no hizo nada para resolver el problema de la Vivienda  para las clases sociales mas desprotegidas,  escudándose en problemas competenciales y en la no intromisión en un mercado libre,  acaba de aprobar un decreto para ayudar y echarle una mano a los que durante los últimos  años han especulado y se han enriquecido de forma espectacular y para que puedan seguir ganando dinero: el sector de la construcción. Con el nuevo decreto, las viviendas libres que se están construyendo y las que están construidas y no se venden, podrán calificarse como vivienda  protegida.

 

¿Quién pagarás, es decir costeará económicamente  esta decisión?

 

Todos nosotros. Sí, todos los contribuyentes, con nuestros impuestos. Para que los constructores puedan vender más fácilmente sus miles de viviendas (libre) que son demasiado caras y no tienen ayudas para el comprador.

 

Con el dinero público, se va ayudar indirectamente a los constructores a quitarse de encima estas viviendas que en su momento rechazaron construirlas como VPO en el Plan de Vivienda 2005-2008. (Escasa especulación, beneficios moderados)

 

Esta decisión se enmarca en la siguiente premisa del capitalismo salvaje:

 

Se privatizan los beneficios y socializan las pérdidas

 

UPyD señala en su programa que el camino a seguir  no es este precisamente.

En su programa, se defiende que:

“las políticas de vivienda deben centrarse en la oferta y no en la demanda, como ha venido ocurriendo durante la última legislatura. Los incentivos al alquiler mediante la concesión de subvenciones a los inquilinos para el pago de los alquileres, o a través de las ayudas económicas a los propietarios de pisos par sus gastos de mantenimiento, están destinados a favorecer de forma exclusiva a estos últimos. Y sus efectos son negativos en cuanto que favorecen el crecimiento de los precios. Lo mismo ocurre cuando se arbitran medidas de apoyo financiero a los compradores de viviendas de protección oficial (VPO).”

 

Este decreto no resolverá el problema de la vivienda, sólo favorecerá que suban más los precios.

La crisis económica sí existe señor Zapatero

Los hechos dan la razón a los considerados antipatriotas por criticar el estado de la economía de España. Sin embargo el señor Zapatero aún sigue viviendo y bebiendo optimismo para  convencernos de que no pasa nada, que solo es una desaceleración, porque una mentira repetida muchas veces termina por considerarse una verdad.

Pero esa táctica política, con el dinero no funciona. La confianza y el optimismo no son suficientes para generar  riqueza y solucionar los problemas económicos de millones de españoles que se han endeudado hasta las cejas (no me refiero a las de ZP), con la complicidad de los Bancos y del gobierno, mejor dicho de los gobiernos del PP y del PSOE. Los españoles hemos caído en la tentación del dinero fácil, del dinero que te prestan para consumir más y más, hasta un endeudamiento de las familias españolas que se puede calificar de trágico.

 

Hemos vivido una gran mentira económica sin lugar a dudas. Los datos económicos publicados que cada día invaden nuestros hogares son alarmantes.

Citaré algunos:

 

• Desempleo: desde el mismo periodo del año pasado el desempleo se ha incrementado en 315.393 personas, un 15,59%

 

• El Índice de Producción Industrial (IPI) se ha derrumbado literalmente el pasado mes de marzo, tras sufrir una caída del 13,3 por ciento con respecto al mismo mes de 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la mayor contracción del IPI en la historia reciente de España.
• El consumo minorista: las compras domésticas han sufrido la mayor caída de su historia con un receso del 4,4 por ciento

 

• Familias en quiebra

 

• Compraventa de viviendas: según el Instituto Nacional de Estadística, la compraventa de viviendas disminuyó un 24,4 por ciento en febrero respecto al mismo mes de 2007

 

La lista de datos negativos en lo referente a la economía española es interminable. Es hora de realizar una seria reconversión de nuestro modelo económico.

Para ello el Gobierno socialista ha llevar ponerse a trabajar, poner en marcha unas medidas económicas que fomenten cambios estructurales de nuestro modelo económico.

UPyD en su programa propone una serie de  medidas muy importantes:

 

 

1. Reforma fiscal: una tributación menos gravosa para los salarios.

2. Política y consolidación fiscales: un gasto público productivo. No gastar más, gastar mejor.

3. Reforma del mercado de trabajo: más flexibilidad y más seguridad.

4. Lucha contra la inflación: recuperar competitividad y poder adquisitivo, liberalización sin subida de precios.

 

5. Fomento de la productividad: hacia una economía competitiva.

• Aumentar el gasto en I+D+i, favoreciendo la conexión entre investigación universitaria y empresa, para incrementar la productividad total de los factores.
• Mejorar la calidad de la educación y de la formación en el puesto de trabajo.

• Supresión de las barreras que un sistema autonómico caótico está imponiendo a los trabajadores y las empresas.
• Atraer la inversión extranjera directa hacia los sectores de media y alta tecnología.

 

 

6. Mejorar la equidad y distribución de la renta.

 

 

 

El punto 5, me parece fundamental y es la clave para superar esta crisis económica.

 

Señor Zapatero tome nota, desde UPyD queremos ayudarle, no porque se lo merezca, sino porque somos un partido que se preocupa por los ciudadanos. Es gratis (se agradece en los tiempos que corren)