“Ley de Dependencia”, una victima más del desarrollo de las competencias sanitarias de las CCAA

Las competencias en Sanidad de las CC.AA no paran de crear desigualdades y falta de equidad territorial en la aplicación de la Ley de Dependencia.

 

En los últimos días, La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos que lleguen a un consenso para revisar y modificar la ley de dependencia, con el fin de garantizar los derechos de las personas dependientes y sus familias y la equidad de las prestaciones sociales en todo el Estado español.

La aplicación de esta ley está siendo un caos y en algunos casos se está utilizando como arma política, como ocurre en la Región de Murcia, donde las ayudan no llegan o llegan tarde.

Cuando la política entorpece una ley que está dirigida al apoyo social de personas y familias que lo necesitan, es porque el sistema competencial falla.

Esta situación competencia ha provocado que en ocasiones los beneficiarios de una posible prestación social se hayan convertido en sus víctimas, motivada esencialmente por la diferencia de criterios entre las distintas comunidades autónomas a la hora de aplicar la ley de dependencia es manifiesta y en general no hay transparencia informativa.

Es imprescindible, como recoge UPyD en su programa, “recuperar como competencia exclusiva del Estado la determinación de la cartera de servicios y prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos de España y la garantía de igualdad de las prestaciones sanitarias de un ciudadano en cualquier parte del territorio nacional donde resida.”

Para UPyD  es un  compromiso  lograr un riguroso cumplimiento de los demás partidos para   que se garanticen los derechos constitucionales de igualdad y equidad en todo el territorio nacional.