Decreto Vivienda libre por VPO

Ya sabemos que durante los últimos años los políticos de cualquier partido y que han ocupado algún cargo, alcalde, consejero, presidente de Comunidad Autónoma, Ministro  o Presidente de Gobierno, ha dejado que el acceso a una vivienda digna se convierta en un imposible. Todos estaban del lado del sector de la construcción, con el beneplácito de la Banca. Los especuladores han hecho su agosto durante varios años, acumulando fortuna a costa del fuerte endeudamiento de muchos españoles que querían comprar una vivienda. Nada se hizo para la especulación inmobiliaria, nada para desarrollar una política en materia de vivienda que favoreciera la adquisición de una de ellas. Los gobernantes se pasaban la pelota de uno a otro, recurriendo a la falta de atribuciones competenciales. Pero todos consentían que la especulación crearan una burbuja inmobiliaria de tamaño enorme.

 

 

La VPO (vivienda de protección oficial) como prueba

 

Un informe reciente encargado por  “La Caixa”, concluía así:

 

  “España es el país de la Unión Europea (UE) con un menor número de viviendas de protección oficial (VPO).

 Sólo el 2% del parque de viviendas en España se han construido bajo el régimen de protección oficial, frente al 35% de Holanda, el 21% del Reino Unido, el 22% de Suecia y el 17% de Francia”

 

 

La Región de Murcia como confirmación.

 

Durante muchos años en la Región de Murcia, se ha construido muchas viviendas pero muy pocas de VPO porque no le interesaba a los constructores. Las VPO tienen precios regulados y mas ajustados al mercado, pero el sector no le interesaba  construir este tipo de vivienda,  los beneficios muy “escasos” si se comparaban con los obtenidos construyendo vivienda libre.

Ya en el 2003, la Región de Murcia era la quinta comunidad autónoma con menor porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de las edificadas. El porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de iniciadas en la Región rondaba el 6 por ciento. Es decir que de 100 viviendas construidas solo 6 eran de protección oficial.

 

Los murcianos con menor poder adquisitivo, esencialmente los jóvenes no podían comprar una vivienda, no porque no hubiese suelo sino porque solo se construía vivienda libre, con el permiso de los diferentes estamentos políticos y financieros. A nadie le importaba el derecho a tener una vivienda digna. Todos hacían vista gorda.

 

Pero la situación ha cambiado, ya no se vende tanto, los especuladores no ganan dinero, los promotores y constructores tienen muchas viviendas sin vender, la demanda se ha parado, los bancos casi no dan préstamos a los promotores y los requisitos de financiación para los compradores se han endurecido.

 

 

Ante tal situación, el Gobierno de la  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que durante tanto años no hizo nada para resolver el problema de la Vivienda  para las clases sociales mas desprotegidas,  escudándose en problemas competenciales y en la no intromisión en un mercado libre,  acaba de aprobar un decreto para ayudar y echarle una mano a los que durante los últimos  años han especulado y se han enriquecido de forma espectacular y para que puedan seguir ganando dinero: el sector de la construcción. Con el nuevo decreto, las viviendas libres que se están construyendo y las que están construidas y no se venden, podrán calificarse como vivienda  protegida.

 

¿Quién pagarás, es decir costeará económicamente  esta decisión?

 

Todos nosotros. Sí, todos los contribuyentes, con nuestros impuestos. Para que los constructores puedan vender más fácilmente sus miles de viviendas (libre) que son demasiado caras y no tienen ayudas para el comprador.

 

Con el dinero público, se va ayudar indirectamente a los constructores a quitarse de encima estas viviendas que en su momento rechazaron construirlas como VPO en el Plan de Vivienda 2005-2008. (Escasa especulación, beneficios moderados)

 

Esta decisión se enmarca en la siguiente premisa del capitalismo salvaje:

 

Se privatizan los beneficios y socializan las pérdidas

 

UPyD señala en su programa que el camino a seguir  no es este precisamente.

En su programa, se defiende que:

“las políticas de vivienda deben centrarse en la oferta y no en la demanda, como ha venido ocurriendo durante la última legislatura. Los incentivos al alquiler mediante la concesión de subvenciones a los inquilinos para el pago de los alquileres, o a través de las ayudas económicas a los propietarios de pisos par sus gastos de mantenimiento, están destinados a favorecer de forma exclusiva a estos últimos. Y sus efectos son negativos en cuanto que favorecen el crecimiento de los precios. Lo mismo ocurre cuando se arbitran medidas de apoyo financiero a los compradores de viviendas de protección oficial (VPO).”

 

Este decreto no resolverá el problema de la vivienda, sólo favorecerá que suban más los precios.

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