REGENERACION DEMOCRATICA

En nuestra región, se van conociendo casi a diario nuevos detalles de los supuestos casos de corrupción, donde algún diputado regional, varios  alcaldes y concejales están supuestamente implicados, casi todos relacionados con el urbanismo. Sin embargo todos mantienen sus cargos y siguen cobrando del contribuyente que han  supuestamente estafado.

 

¿Me pregunto si en este sistema de listas cerradas de los partidos y de sufragio indirecto los cargos son de las personas (candidatos de las listas) o de los partidos que se presentan con listas cerradas?

La respuesta no es fácil, pero podemos señalar que el votante no elige a la persona, al candidato sino que vota a un partido con el sistema de sufragio actual. Entiendo que sería de pura lógica que los cargos fuesen de los partidos. Un alcalde electo, no es fruto de un sufragio directo, sino que la lista mas votada, tendrá mas concejales y estos son los que eligen al alcalde.

 

Cuando en un ayuntamiento se dé un caso de corrupción, los partidos con listas cerradas debería tener la potestad de retirarle el cargo al presunto político corrupto y entregárselo a otro candidato de su lista.  Se evitaría situaciones en las que  políticos acusados de corrupción y expulsados de su propio partido sigan desempeñado su cargo político que en ningún momento los votantes le  asignaron directamente.

El mismo caso ocurre para un diputado o senador. Un diputado regional debería entregar su acta de diputado obligatoriamente a su partido ya que este tampoco fue elegido directamente en listas abiertas.

 

 

Nuestro partido, UPyD propone una serie de medidas para que se produzca una regeneración democrática, entre las cuales quiero citar dos:

 

  • La elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana
  • La implantación de sistemas electorales de listas abiertas y/o desbloqueadas que refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las burocracias de los partidos.

 

 Estas dos medidas reforzarían la democracia, y los ciudadanos podrían exigir a los diferentes políticos electos responsabilidades de todo tipo, no solo políticas sino también jurídicas. Pero para llevar a cabo esta democratización de la vida política habría que abordar un nuevo  asunto. Me refiero a la inmunidad  parlamentaria.  Por ejemplo un diputado de la Asamblea Regional goza de inmunidad,  solo la Asamblea Regional puede retirarle ese privilegio a petición del Tribuna Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Esa inmunidad general hay que limitarla a las actuaciones de carácter exclusivamente político, perdiendo ese privilegio, por tanto, si el parlamentario comete un delito común. En esos casos, el Tribunal Supremo no tendría obligación de pedir permiso para procesarle,  bastaría con que trasladase a la Asamblea una exposición de los motivos de su actuación.

La democracia no puede  permitir unos privilegios de unos ciudadanos sobre otros.

 ¿Por qué los políticos son ciudadanos, no?

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